- La portavoz del Partido Popular, María José Catalá, explica que esta es una muestra más de la mala gestión de Compromís y PSOE
- Pide al Ayuntamiento que desista de la intención de usar la Base como despacho de altos cargos y espera que no haga trajes a medidas
- Espera que no se haga un traje a medida y que desista de que Labora se instale en La Base
- El PP propone que la Marina sea un referente de atracción de empresas vinculadas a la Innovación
La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, ha valorado positivamente que la Junta de Gobierno acepte íntegramente el recurso presentado por el PP ante la adjudicación de la base del Alinghi a Labora, “una muestra más de la mala gestión de Compromís y PSOE que sólo saben que buscar a los amigos despachitos con vistas al mar en lugar de velar por los intereses de Valencia.
Catalá ha explicado que Ribó se ve obligado a asumir íntegramente el informe de la Asesoría Jurídica que apoya el recurso del Partido Popular contra la adjudicación directa a Labora de la base de la Alinghi. El pasado 15 de julio de 2022 la Junta de Gobierno Local aprobó arrendar a LABORA el edificio Alinghi, en la Marina para instalar en él un Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el empleo.
Este arrendamiento, según dicho acuerdo, tendría una duración de treinta años, prorrogable por mutuo acuerdo por periodos de 5 años hasta un máximo de cincuenta años y una renta mensual de 4.690,55 €/mes más IVA.
Para Catalá, la Marina ha de ser un referente de atracción de empresas vinculadas a la Innovación, por lo que ha pedido al Ayuntamiento “que desista de la intención de usar la Base como despacho de altos cargos y espera que no haga trajes a medidas para que Labora se ubique en la antigua Base puesto que hay lugares en la ciudad mucho más adecuados para esta entidad”.
Los argumentos esgrimidos por el PP en su recurso contra el acuerdo consta arrendamiento se realizó sin respetar el procedimiento para el arrendamiento de inmuebles establecido en el artículo 124 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Además no constaba el estudio de mercado (art. 124.2 Ley 33/2003) para establecer el precio del arrendamiento, utilizando como propio el mismo precio que se estableció para el arrendamiento del CEMAS tres años antes, sin tener en cuenta el grave ciclo inflacionista que atraviesa la Comunidad Valenciana según el INE, beneficiándose de unas condiciones económicas perjudiciales para los intereses municipales.
Asimismo en el Expediente no consta ningún informe ni justificación del motivo por el que se aplica una bonificación del 40% del precio del alquiler por ser una administración pública. Además se están incumpliendo las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal de 2022 en el que se enumeran los extremos a comprobar en los expedientes relativos al arrendamiento de bienes inmuebles.
Además el artículo 106.2 de Ley 33/2003, de 3 de noviembre, establece que los contratos para la explotación de los bienes o derechos patrimoniales no podrán tener una duración superior a 20 años, incluidas las prórrogas, salvo causas excepcionales debidamente justificadas”, pero en el expediente municipal no consta justificación o motivación alguna por el que se acuerda una duración contrato de arrendamiento de treinta años prorrogables hasta un máximo de cincuenta años por periodos de 5 años.
Por último se apunta que existen limitaciones a la hora de volver a tomar una decisión contraria a un asunto sobre el que el Ayuntamiento se pronunció en un determinado sentido, y alude a que el Ayuntamiento de València realizó hace varios años un proceso de concurrencia pública para la adjudicación de las actuales sedes de EDEM y Lanzadera en La Marina y más recientemente para la concesión del edificio denominado “Docks”.
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